Editorial: Por una política de diálogo y prevención
¿Pudo evitarse este período de acentuada violencia? Creemos que sí. Se ha puesto en evidencia, una vez más, la carencia de una política de prevención de conflictos…
El país ha recibido con alivio la noticia del fin de la tensión en el sur que, al menos temporalmente, contribuye a recobrar la esquiva paz social. Esto se ha logrado tras los acuerdos para reservar el lote 58 para el consumo interno, construir una planta de fraccionamiento en Kepashiato y preservar la integridad del santuario de Megantoni, lo que implicaría un nuevo trazo para el gasoducto del sur. Las inversiones adicionales deben ser conversadas con las empresas operadoras y asumidas también por los gobiernos regionales, que no pueden eludir su responsabilidad en la génesis de estos conflictos.
¿Qué lecciones podemos sacar? Ante todo, acotar que no es el primero ni el último conflicto, debido principalmente a los constantes desencuentros entre la actividad minera y petrolera con las comunidades, como ha advertido la Defensoría del Pueblo.
Por lo mismo, al tiempo de reconocer la destacable labor de los mediadores, como la propia defensoría y la Conferencia Episcopal, debemos señalar, sin embargo, que se trata de acciones circunstanciales que no deben hacernos perder de vista la existencia de un grave problema de fondo, con ingredientes políticos, sociales, culturales, sociológicos y antropológicos.
Llama poderosamente la atención el contraste entre, de un lado, los prontos resultados del diálogo entre el jefe del Gabinete y la comisión de alto nivel del Ejecutivo con los representantes de las poblaciones involucradas; y, del otro lado, el largo tiempo que se dejó pasar. Fueron 14 días de paro indefinido, que causaron cuantiosos daños a la economía regional y nacional y pusieron en riesgo incluso el abastecimiento de energía del país.
¿Pudo evitarse este período de acentuada violencia? Creemos que sí. Se ha puesto en evidencia, una vez más, la carencia de una política de prevención de conflictos, responsabilidad principal del Gobierno que, aprendiendo las lecciones de Bagua, debió tomar medidas con antelación y no esperar que estalle el conflicto para recién actuar, con la consabida política de bombero. La PCM tiene una oficina especial encargada de este tema, pero su labor pasa inadvertida, cuando debiera ser el eje integrador de diversas entidades en una nueva forma de abordar tan complejo asunto.
Ahora, se ha instalado una comisión que deberá reunirse en un mes, a la que se han integrado dos técnicos asignados por los dirigentes de La Convención, además de los expertos del Ministerio de Energía y Minas para hacer el seguimiento a los acuerdos. Se espera que se informe a la ciudadanía sobre los avances de esta mesa de diálogo de forma transparente y periódica, para evitar sorpresas ingratas y cualquier aprovechamiento politiquero.
Otro tema que debe revisarse con urgencia es la política de comunicación. Si existen oportunistas políticos que pescan en el río revuelto de los conflictos —por lo que deben ser denunciados—, es también porque tienen campo libre para hacerlo, al no existir canales de comunicación e interacción entre gobernantes y gobernados. La tarea es compleja, pero debe acometerse para hacer entender a las comunidades que sus derechos deben ser respetados, pero dentro de un marco normativo integral y nacional que todos debemos igualmente cumplir.
A propósito, sigue siendo inadmisible que para cualquier reclamo se recurra al fácil expediente de bloquear carreteras y, peor aun, de asaltar instalaciones públicas o privadas, acciones ilegales que afectan a inocentes. El derecho a la protesta tiene protección constitucional, pero siempre que se conduzca dentro de los cauces de la legalidad y el respeto al otro, sin desvaríos violentistas que solo atizan la confrontación y dañan la paz social. La solución pasa por el diálogo y el respeto al orden constitucional.
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